Milio Mariño
Quienes cambiábamos la universidad por el cine y aprendimos derecho viendo películas americanas, siempre creímos que los fiscales, aunque a veces emplearan sus trucos, eran los verdaderos defensores de la sociedad. Personas integras y sensatas cuyo único afán pasaba por hacer que se respetara y se cumpliera la ley. Las películas nos habían enseñado eso y, también, que tenían mucho poder, pero hace poco nos enteramos de que, en España, el fiscal de una Comunidad Autónoma puede comentar, sí quiere, que le gustan los boquerones en vinagre, pero le está prohibido decir que comprende el derecho de los catalanes a someter a consulta sus afanes e ilusiones.
Según el Gobierno quien hace ese tipo de declaraciones no es de fiar y, entonces, claro, al Fiscal General del Estado no le queda otra que abrir un expediente al de la Comunidad Autónoma, por pérdida de confianza, y aceptar su renuncia.
Sobre el papel sucedió tal que así, solo faltaba la explicación oral. Y como imagino que ya estarán al tanto de que, en materia de explicaciones, el PP ha creado escuela, la vicepresidenta, Soraya, recurrió al manual de su compañera María Dolores y subrayó, muy oportunamente, que la Fiscalía es un organismo independiente del Gobierno, pero sometido a una dependencia jerárquica, por lo que veía normal que el Fiscal del Estado llamara la atención al Fiscal de una Comunidad Autónoma tras unas declaraciones polémicas.
Uno, en su ignorancia, reconociendo que aprendió derecho viendo películas americanas, creía que el ministerio público era, ante todo, público pero, por lo visto, está sometido a una dependencia y disciplina mayor y más estricta que la que rige para los militares, pues un militar puede llamar a la intervención armada contra Cataluña, sin que pase nada, mientras que un fiscal tiene prohibido decir que comprende el sentir de los catalanes.
Nadie se lo ha preguntado pero seguro que si preguntaran, a Soraya, cómo está España, en cuanto a derechos y libertades, respondería que hemos avanzado tanto que estamos como a principios del siglo pasado. Ahí estamos porque si hace un siglo, a cualquier Fiscal se le hubiera ocurrido decir que las mujeres deberían tener los mismos derechos que los hombres, el PP también habría considerado que era una declaración polémica y lo habría cesado por pérdida de confianza.
El asunto, en mi opinión, es realmente, grave pero, por lo visto, no ha tenido mayor trascendencia. No ha supuesto una reacción enérgica de la sociedad, ni de la judicatura, ni de los medios de comunicación. Pocos, o casi nadie, han levantado la voz contra lo que, a todas luces, es una violación flagrante de la libertad de expresión. Algo tan fundamental, para la democracia, que si se impiden o se cercenan las opiniones de un fiscal, o de un obrero de la construcción, se acabó la historia. Si sólo pudiéramos decir lo que es aceptable para el Gobierno podríamos prescindir, ya mismo, del Artículo veinte de la Constitución.
Cesar a un Fiscal, por unas declaraciones como las que hizo Rodríguez Sol, alegando que había perdido la confianza de un Gobierno en el que ya no confía nadie, es como insistir en que la Tierra ha vuelto a ser el centro del Universo y Galileo un hereje que, con sus opiniones, pone en peligro el orden establecido. La diferencia es que, ahora, la Inquisición ha cambiado la hoguera por el cese.
Milio Mariño/ Diario La Nueva España/ Artículo de Opinión
