Funcionarios públicos y sanidad privada

Milio Mariño

Desde los tiempos de Maricastaña, época a la que recurrimos cuándo falla la memoria, los funcionarios han venido cosechando toneladas de mala fama debido a lo bien que viven. Justo por eso ocupan el primer lugar en el ranking de las envidias. Según varias encuestas, el 72% de los españoles quisiera ser funcionario. Por muchas razones. Por la tranquilidad de un puesto de trabajo seguro, el salario, los días libres… Y porque no dan palo al agua. Tópico que, en algunos casos, puede tener visos de realidad pero que en la mayoría supone una grave calumnia.

Hablamos de los funcionarios no por la vieja polémica de si trabajan poco o mucho, sino porque amenazan con ir a la huelga si pierden uno de sus privilegios: poder elegir entre ser atendidos en la sanidad pública o la privada.

A este respecto, todos los sindicatos, incluidos los que se consideran de clase, UGT y CC.OO, defienden que se respete ese privilegio. Que el gobierno mantenga el concierto con las aseguradoras privadas, por más que suponga un disparate económico y lo razonable sea que los trabajadores públicos no tengan más derechos, ni privilegios, que el resto de los trabajadores.

Debería ser lo normal. No hay nada que justifique que los funcionarios deban tener un trato de favor pero, por lo visto, nadie está dispuesto a poner fin a una situación anómala como lo es que los contribuyentes paguemos la sanidad privada de los trabajadores públicos.

El conflicto ha surgido cuando se cumplen 50 años de la muerte del dictador y sirve para recordarnos que aún perduran algunas anomalías que provienen del franquismo y de los apaños coyunturales que tuvieron que hacerse al inicio de la transición democrática.

Lo que, hoy, conocemos como Muface se creó en 1975 para agrupar el mutualismo administrativo heredado del franquismo cuando la Seguridad Social no era universal ni tenía una cobertura completa como ahora. En aquellos años aún no estaba plenamente desarrollada la sanidad pública, por lo que se prefirió mantener la posibilidad de que los funcionarios pudieran escoger, a través de su mutualidad, recibir prestaciones médicas por medio de una aseguradora concertada.

Desde entonces han pasado ya muchos años, pero ningún Gobierno, por miedo a las consecuencias electorales, quiso acabar con esta situación anómala como tampoco lo hizo con otra anomalía: la educación concertada. Otro privilegio difícilmente justificable por motivos parecidos a los de Muface. Los que defienden  estas dos prebendas creen que tienen derecho, en un caso, a un seguro médico privado y en el otro a mandar a sus hijos a un colegio privado pagado con dinero público.

La situación es que, ahora, las aseguradoras que atienden a los funcionarios se han destapado pidiendo un aumento del 41% en la prima que debe pagar el Gobierno. Y el Gobierno ha echado el resto aprobando 1.000 millones suplementarios de lo que establece el convenio en vigor. Pero, al parecer, no es suficiente. Quieren más. Exigen un incremento mayor y su postura suena a chantaje y no a una petición justificada.

Cuando se aprobó la Ley General de Sanidad, en 1986, quedó establecido que había que corregir las desigualdades sanitarias, pero seguimos igual. Nadie se atreve a terminar con los privilegios y que todos los trabajadores, públicos y privados, sean atendidos en la sanidad pública, que es la única que debe ser financiada con fondos públicos.

Milio Mariño / Artículo de Opinión / Diario La Nueva España