A diferencia de Estados Unidos, en España nunca hubo afición por las películas de jueces y abogados. Por esos dramas en los que un odioso fiscal quiere sentar en la silla eléctrica a un chico inocente que, al final, consigue salvarse. Aquí somos más de echar unas risas que de togas con puñetas en la bocamanga. Somos, o éramos, porque llevamos una racha que salimos a película judicial diaria y no de las buenas.
Los Juzgados se han convertido en un mercadillo mediático. El artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que las diligencias sumariales serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral pero, en la práctica, es papel mojado. Hay todo un ejército de periodistas, abogados, jueces, fiscales, ordenanzas y hasta señoras de la limpieza que se las ingenian para tenernos al tanto de lo que ocurre puertas adentro y ahí debería quedarse. Sale a la luz porque los susodichos actúan con un sigilo y una pericia que nunca se sabe quién se hace con las imágenes de la declaración de un investigado, un informe de la UCO, el volcado del móvil de un cantamañanas o qué planes tiene el juez para el fin de semana.
Se filtra todo. Hay juzgados que parecen el plató de Sálvame. Conocemos detalles que deberían estar bajo llave, pero se airean porque interesa que el caso se juzgue en los bares y en las tertulias de televisión antes de que se haga donde corresponde y tiene que juzgarse. El resultado es que se cargan la presunción de inocencia, la protección de los testigos y la dignidad de una justicia que permite la utilización mediática de casos cuya instrucción no parece encaminada a encontrar la verdad sino a reforzar la previa suposición de culpable, que es lo que se persigue. No cabe otra explicación para el modo en que se filtra lo que conviene a ese fin.
La justicia ordinaria de jueces cabales, diligencias que se hacen como corresponde y protagonistas que nadie conoce, no interesa. Interesan los personajes que exhiben su caradura, los testigos que balbucean o se desdicen, los jueces que retuercen las leyes o se aferran a interpretaciones incomprensibles y las afirmaciones gratuitas que, aunque no puedan probarse, hacen daño a la causa. Interesa cualquier estrambote porque una vez que la máquina se ha puesto en marcha, el público pide más y, como suele ser agradecido, aplaude después de cada nueva entrega.
A todo esto, el Poder Judicial y la judicatura no parecen muy preocupados por el espectáculo que hay montado, ni por las encuestas que certifican qué la justicia está cada día peor valorada. Está pidiendo a gritos una transformación radical de forma que se reduzcan al máximo las arbitrariedades y los errores judiciales sean sancionados. Se adivina imposible. Quienes deberían velar por el buen nombre de la justicia se encojen de hombros y dejan que todo siga igual. Allá se apañen los que se quejan y los que aprovechan la munición para disparar desde sus escaños.
Un estudio reciente del CIS confirma que la Administración de Justicia es el servicio público peor valorado por los españoles. Y no solo lo lamentas sino que te sientes mal y te entren unas ganas locas de escribir un artículo para desahogarte. Al final, llevas otra decepción porque, después de escribirlo, no te sientes mejor, te sientes igual.
Milio, lo has clavao. Me ha dado envidia leerte. Sigue
ResponderEliminarGenial como siempre . Mariño.
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