La tragedia del coronavirus está
sacando lo mejor y lo peor de nosotros con el, espe- ranzador, resultado de que
hay mucho más bueno que malo. La gente responde con sensatez y comprende las dificultades
que, para cual- quier gobierno, supone en- frentarse a una situación excepcional
para la que no estábamos preparados. Las muestras de comprensión, solidaridad y
civismo son abrumadoras, aunque tampoco faltan los listos sabelotodo que
repiten, con suficiencia, que lo que sabemos ahora ellos ya lo sabían desde el
principio y debería de haberlo sabido el gobierno hace, lo menos, tres meses. Un
reproche tramposo pues no vale que con los datos de ahora se juzgue y se den
recetas sobre lo que se hizo y se dejó de hacer. Es como si una vez sabidos los
números de la lotería dijéramos que era fácil acertar.
Desde la oposición, todo se ve
más fácil. Por eso coincide, y no por casualidad, que quienes más reproches
hacen y exigen más camas hospitalarias, médicos, enfermeras, mascarillas,
ventiladores y un largo etcétera, son los que abogaban por bajar los impuestos
y reducir los servicios públicos, incluida la sanidad. Un servicio que, con el
pretexto de atajar la crisis financiera de 2008, fue sometido a severos
recortes y, lejos de aumentar, su presupuesto se redujo en más de 9.000
millones de euros durante la última década. Ahí está la Comunidad de Madrid,
gobernada desde hace 23 años por el PP, cuyo número de camas hospitalarias, por
cada 100.000 habitantes, es de 270 frente a las 328 que tiene Asturias. Además,
y para despejar cualquier duda, cabe reseñar que Asturias gasta en sanidad 1.625
euros por habitante frente a los 1.250 que gasta Madrid.
Los datos hablan por sí solos y
vienen a constatar que donde gobiernan los que, ahora, son tan exigentes su
política siempre fue que no necesitábamos unos servicios públicos fuertes sino
todo lo contrario. Para ellos, cuanto menor sea el gasto público mejor nos irá.
Aun contando con eso, quizá por
las dimensiones de la tragedia, algunos creímos que nadie se atrevería a culpar
al Gobierno de las infecciones y las muertes. Nos equivocamos. Quienes menos
creían en lo público, de repente, se convirtieron en los mayores defensores del
sistema público sanitario y, en un inaudito ejercicio de cinismo, eludiendo
cualquier responsabilidad, se lanzaron a exigir lo que saben que ni este ni
ningún Gobierno puede solucionar. Pasan por alto que España, gobernada por quien
gobernó los últimos ocho años, tiene hoy 30 sanitarios por cada 1.000
habitantes, frente a los 60 de Francia y el Reino Unido y los 71 de Alemania.
Ignorar esta realidad y querer
sacar rédito de la tragedia es mezquino. Si quienes están en la oposición
estuvieran en el gobierno, seguro que pondrían el grito en el cielo y reclamarían
la adhesión inquebrantable a sus dolorosas medidas. Unas medidas que serían
atender, primero, la economía y el déficit, que es lo que suelen poner por
delante de las personas siempre que hay una crisis. Y, en eso están porque
quitando más ayudas a las empresas no hemos visto que propongan nada para los
más desfavorecidos. Lo suyo es emponzoñar cualquier decisión que se tome. Es subirse
en el pedestal de la soberbia y contribuir al derribo antes que ayudar en la
solución por miedo a que otros puedan capitalizar el éxito, aunque sea pírrico.
Milio Mariño / Artículo de Opinión / Diario La Nueva España
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