El rotulador, la gorra y un niño

Milio Mariño

Acaba febrero, que tiene fama de loco, y nos deja la imagen de Donald Trump en la Casa Blanca, firmando decretos con un rotulador negro, en compañía de Elon Musk y su hijo. Una escena que pasará a la historia y confirma lo que algunos ya sospechábamos, que Trump y Musk son pareja de hecho y piensan gobernar el mundo en modo matrimonio antiguo. Musk se encargará de los asuntos domésticos, de barrer y limpiar funcionarios, y Trump de ganarse el sueldo haciendo negocios.

Era lo esperado. El idilio que estaban viviendo solo podía acabar en boda y las pretensiones de la pareja no podían ser otras que devolvernos al pasado y plantear el futuro reinventando el fascismo. La novedad, si acaso, es el rotulador negro, el niño en el despacho y que los mandamases aparezcan en público luciendo una gorra que se ha convertido en el símbolo de la nueva política, como en su día lo fue la hoz y el martillo de Rusia y el comunismo.

Son libres de vestir como quieran pero, si nos atenemos a la política social y económica que están firmando, lo coherente sería que Musk y Trump usaran sombrero. En cambio han elegido la gorra, una prenda que, con visera o sin ella, identificamos con el mundo rural y la gente del campo. Gente humilde que justifica su uso como recurso para protegerse del sol en verano y el frio en invierno. No es el caso de Musk y Trump, que se sospecha deben hacerlo porque creen que entre la cabeza y la gorra se establece una conexión directa. Un sincronismo automático que conecta el cerebro con el apego al terruño y la resistencia al progreso.

De todas maneras, que usen gorra, aunque carezca de sentido y estéticamente confunda un poco, tiene un pase porque, como bien dijo un gran poeta andaluz, hay gorras muy juiciosas que corrigen a sus portadores cuando entienden que la cabeza desvaría y no se porta como es debido. Así que, por esa parte, cabe tener esperanza.

 Las gorras pueden defenderse, los niños no. Ese niño, de cuatro años, que Elon Musk llevaba subido en la chepa mientras estaba con Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca, no tuvo la desgracia de que le pusieran el nombre cursi de Borja Mari, pero su desgracia es mayor. Se llama X Æ A-12 y ha tenido la mala suerte de que su padre lo utilice como juguete para mandarnos a saber qué mensaje. Tal vez que sigamos su ejemplo y, por el bien de nuestro país, tengamos trece hijos, que son los que él tiene con tres mujeres distintas. Una prole que reconoce suya salvo en un caso, el de su hija transgénero, nacida bajo el nombre de Xavier Musk, que al cumplir la mayoría de edad solicitó ser inscrita como mujer y que le dieran un  nombre y unos apellidos distintos para que no la relacionaran con su padre bajo ningún concepto. Ahora se llama Vivian Jenna Wilson, se ha declarado socialista radical y dice que su futuro no lo contempla viviendo en Estados Unidos.

Musk ha reconocido públicamente que, para él, el hijo que se cambió de género está muerto. Ahora solo falta que reconozca que a este otro hijo, que pasea a hombros por el Despacho Oval de la Casa Blanca, lo está matando.

 

Milio Mariño / Artículo de Opinión / Diario La Nueva España

 

 

Togas, mazos y espectáculo

Milio Mariño

A diferencia de Estados Unidos, en España nunca hubo afición por las películas de jueces y abogados. Por esos dramas en los que un odioso fiscal quiere sentar en la silla eléctrica a un chico inocente que, al final, consigue salvarse. Aquí somos más de echar unas risas que de togas con puñetas en la bocamanga. Somos, o éramos, porque llevamos una racha que salimos a película judicial diaria y no de las buenas.

Los Juzgados se han convertido en un mercadillo mediático. El artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que las diligencias sumariales serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral pero, en la práctica, es papel mojado. Hay todo un ejército de periodistas, abogados, jueces, fiscales, ordenanzas y hasta señoras de la limpieza que se las ingenian para tenernos al tanto de lo que ocurre puertas adentro y ahí debería quedarse. Sale a la luz porque los susodichos actúan con un sigilo y una pericia que nunca se sabe quién se hace con las imágenes de la declaración de un investigado, un informe de la UCO, el volcado del móvil de un cantamañanas o qué planes tiene el juez para el fin de semana.

Se filtra todo. Hay juzgados que parecen el plató de Sálvame. Conocemos detalles que deberían estar bajo llave, pero se airean porque interesa que el caso se juzgue en los bares y en las tertulias de televisión antes de que se haga donde corresponde y tiene que juzgarse. El resultado es que se cargan la presunción de inocencia, la protección de los testigos y la dignidad de una justicia que permite la utilización mediática de casos cuya instrucción no parece encaminada a encontrar la verdad sino a reforzar la previa suposición de culpable, que es lo que se persigue. No cabe otra explicación para el modo en que se filtra lo que conviene a ese fin.

La justicia ordinaria de jueces cabales, diligencias que se hacen como corresponde y protagonistas que nadie conoce, no interesa. Interesan los personajes que exhiben su caradura, los testigos que balbucean o se desdicen, los jueces que retuercen las leyes o se aferran a interpretaciones incomprensibles y las afirmaciones gratuitas que, aunque no puedan probarse, hacen daño a la causa. Interesa cualquier estrambote porque una vez que la máquina se ha puesto en marcha, el público pide más y, como suele ser agradecido, aplaude después de cada nueva entrega.

A todo esto, el Poder Judicial y la judicatura no parecen muy preocupados por el espectáculo que hay montado, ni por las encuestas que certifican qué la justicia está cada día peor valorada. Está pidiendo a gritos una transformación radical de forma que se reduzcan al máximo las arbitrariedades y los errores judiciales sean sancionados. Se adivina imposible. Quienes deberían velar por el buen nombre de la justicia se encojen de hombros y dejan que todo siga igual. Allá se apañen los que se quejan y los que aprovechan la munición para disparar desde sus escaños.

Un estudio reciente del CIS confirma que la Administración de Justicia es el servicio público peor valorado por los españoles. Y no solo lo lamentas sino que te sientes mal y te entren unas ganas locas de escribir un artículo para desahogarte. Al final, llevas otra decepción porque, después de escribirlo, no te sientes mejor, te sientes igual.

 

Milio Mariño / Artículo de Opinión / Diario La Nueva Esspaña

Es inútil quejarnos del sinsentido

Milio Mariño

Me enteré hace poco, siempre voy con retraso, de que las élites que dominan el mundo, los muy guapos y los muy ricos, han vuelto a poner de moda el estoicismo de Séneca y Marco Aurelio. Al parecer, suscriben lo que decían los sabios estoicos: que todo lo que ocurre, ocurre con razón. Que no le demos vueltas porque todo es consecuencia y el resultado no puede ser otro que cada cual reciba su merecido.

Cojonudo. A los millonarios les viene al pelo y a los pobres también. A unos les confirma la legitimidad de sus fortunas y a los otros el consuelo del conformismo y la comodidad de aceptar lo que venga sin moverse del sofá. El consejo es que, cuando nos toque enfrentarnos a cosas contra las que no podemos luchar, contengamos las emociones y nos dediquemos a silbar.

Llama la atención que, veinte siglos después, vuelva a cobrar vigencia la filosofía del siglo uno pero, si reflexionamos un poco, enseguida caemos del burro. Las similitudes son asombrosas. Séneca, el filósofo cordobés, era uno de los hombres más ricos de su época. Le atribuían una fortuna de 300 millones de sestercios, que viene a ser el equivalente de los 260.000 millones de dólares que tiene Elon Musk. Además, era consejero del cruel emperador Nerón y Musk lo es de este nuevo emperador americano, que si no nombra, como el otro, senador a su caballo es porque dispone de animales de sobra.

No hacía falta esta evidencia para confirmar que la historia se repite. Y menos que lo haga con un regüeldo. Que vuelva de la mano de unos multimillonarios y unos tiranos que no solo se creen superiores, sino que consideran que la mayoría de nosotros sería mejor que no hubiéramos nacido porque somos gente vaga o fracasada que carece de ambiciones. Gente que protesta y no debería quejarse porque tiene lo que, realmente, merece.

Quienes han elegido ser gobernados por Trump estarán disfrutando con sus despropósitos, pero me incluyo entre la multitud que no merece la sarta de estupideces que estamos viendo. Es un escarnio la impunidad con la que el Presidente americano amenaza a todo el planeta y la sumisión bochornosa de los que bajan la cabeza y dicen que hace lo correcto.

Si lo piensan, lo contrario de la estupidez no es la inteligencia, es la cordura. Una cordura que está en crisis porque cada vez se usa menos. La gente aplaude que la maltraten. Celebra que no se respeten los derechos humanos, que acaben con las políticas de igualdad y que no se preste ayuda a los más desfavorecidos.

El debate que, ahora mismo, cabría plantearse es si a Trump y a los de su cuerda hay que mandarlos al manicomio o a la cárcel, pero son multitud los que defienden que su ascenso al poder era necesario y es normal. Dicen que, tal como están las cosas, es normal que los pobres voten a los millonarios. Lo presentan como un avance cultural, como el nuevo camino para alcanzar la libertad.

 Cualquiera en su sano juicio no alcanza a explicarse como hemos llegado a esto, pero no es un delirio, va en serio. La gente ha decidido votar contra sí misma. Así que lo mismo me apunto al estoicismo y sigo el consejo de Seneca, que decía que es un sufrimiento inútil quejarnos del sinsentido.

Milio Mariño / artículo de Opinión / Diario La Nueva España

Funcionarios públicos y sanidad privada

Milio Mariño

Desde los tiempos de Maricastaña, época a la que recurrimos cuándo falla la memoria, los funcionarios han venido cosechando toneladas de mala fama debido a lo bien que viven. Justo por eso ocupan el primer lugar en el ranking de las envidias. Según varias encuestas, el 72% de los españoles quisiera ser funcionario. Por muchas razones. Por la tranquilidad de un puesto de trabajo seguro, el salario, los días libres… Y porque no dan palo al agua. Tópico que, en algunos casos, puede tener visos de realidad pero que en la mayoría supone una grave calumnia.

Hablamos de los funcionarios no por la vieja polémica de si trabajan poco o mucho, sino porque amenazan con ir a la huelga si pierden uno de sus privilegios: poder elegir entre ser atendidos en la sanidad pública o la privada.

A este respecto, todos los sindicatos, incluidos los que se consideran de clase, UGT y CC.OO, defienden que se respete ese privilegio. Que el gobierno mantenga el concierto con las aseguradoras privadas, por más que suponga un disparate económico y lo razonable sea que los trabajadores públicos no tengan más derechos, ni privilegios, que el resto de los trabajadores.

Debería ser lo normal. No hay nada que justifique que los funcionarios deban tener un trato de favor pero, por lo visto, nadie está dispuesto a poner fin a una situación anómala como lo es que los contribuyentes paguemos la sanidad privada de los trabajadores públicos.

El conflicto ha surgido cuando se cumplen 50 años de la muerte del dictador y sirve para recordarnos que aún perduran algunas anomalías que provienen del franquismo y de los apaños coyunturales que tuvieron que hacerse al inicio de la transición democrática.

Lo que, hoy, conocemos como Muface se creó en 1975 para agrupar el mutualismo administrativo heredado del franquismo cuando la Seguridad Social no era universal ni tenía una cobertura completa como ahora. En aquellos años aún no estaba plenamente desarrollada la sanidad pública, por lo que se prefirió mantener la posibilidad de que los funcionarios pudieran escoger, a través de su mutualidad, recibir prestaciones médicas por medio de una aseguradora concertada.

Desde entonces han pasado ya muchos años, pero ningún Gobierno, por miedo a las consecuencias electorales, quiso acabar con esta situación anómala como tampoco lo hizo con otra anomalía: la educación concertada. Otro privilegio difícilmente justificable por motivos parecidos a los de Muface. Los que defienden  estas dos prebendas creen que tienen derecho, en un caso, a un seguro médico privado y en el otro a mandar a sus hijos a un colegio privado pagado con dinero público.

La situación es que, ahora, las aseguradoras que atienden a los funcionarios se han destapado pidiendo un aumento del 41% en la prima que debe pagar el Gobierno. Y el Gobierno ha echado el resto aprobando 1.000 millones suplementarios de lo que establece el convenio en vigor. Pero, al parecer, no es suficiente. Quieren más. Exigen un incremento mayor y su postura suena a chantaje y no a una petición justificada.

Cuando se aprobó la Ley General de Sanidad, en 1986, quedó establecido que había que corregir las desigualdades sanitarias, pero seguimos igual. Nadie se atreve a terminar con los privilegios y que todos los trabajadores, públicos y privados, sean atendidos en la sanidad pública, que es la única que debe ser financiada con fondos públicos.

Milio Mariño / Artículo de Opinión / Diario La Nueva España