Milio Mariño
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Sin que, casi, nos diéramos cuenta, cual habilidoso trilero que esconde la bolita negra en el cubilete que menos adivinábamos, el ministro Gallardón ha pasado el Registro Civil al Registro Mercantil. Ha dado el cambiazo aprovechando que estábamos distraídos con el lío de la Infanta y los mil casos de corrupción. De modo que, por si no lo sabían, serán los Registradores de la Propiedad quienes, además de registrar los pisos, las fincas y las sociedades, registrarán los nacimientos, los matrimonios y las defunciones.
El cambiazo ha llegado por Real Decreto. Aunque bueno, dice Gallardón que no tenemos por qué preocuparnos, que no ha privatizado el servicio, que las inscripciones seguirán siendo gratis. De momento sí, pero cuando pidamos una partida de defunción, nacimiento o matrimonio, ya veremos cuánto nos cuesta porque gratis, lo que se dice gratis, no hay nada, como acaban de recordar los Registradores de la Propiedad, que llaman la atención sobre la supuesta gratuidad que se atribuye a servicios como la sanidad o la enseñanza, que pagamos con nuestros impuestos.
Con nuestros impuestos pagábamos a los 4.500 funcionarios que se encargaban del Registro Civil. Pero esos 4.500 funcionarios, al haber eliminado el servicio, pasarán a los Juzgados. ¿Quién pagará, entonces, el coste del Registro? Pues, si el servicio lo asumen los registros mercantiles, solo se me ocurren dos cosas: que los usuarios del Registro Mercantil, es decir los que vayan a inscribir un piso, una finca, etcétera, paguen, al mismo tiempo que el servicio que solicitan, la inscripción de un matrimonio, un nacimiento o una defunción, o que las inscripciones civiles las paguen los ciudadanos a tocateja. No cabe otra. Ya puede el ministro inventarse la historia que más le convenga que lo que está claro es que los Registradores de la Propiedad no van a asumir, gratis, el coste del nuevo trabajo.
Cae por su peso que registrar por lo mercantil un nacimiento o una defunción no será gratis, pero es que, además, nadie del ministerio parece haber reparado en los problemas que esa solución plantea desde la perspectiva del Derecho de la Unión Europea. Otro argumento que avala la irracionalidad de una propuesta que el ministro trata de justificar apelando a las deficiencias del servicio.
Según Gallardón el Registro Civil funcionaba mal. Estamos de acuerdo, pero el Mercantil no funcionaba mejor, de modo que, si fusiona los dos, el resultado será que ambos funcionen fatal. No creo que los 4.500 funcionarios estuvieran a verlas venir y se dedicaran a redactar poemas como aquel que hizo Gómez de la Serna cuando estuvo de funcionario y su jefe le preguntó qué hacía: “La sección está al corriente/ y los papeles en regla. / Sólo me queda pendiente/ este bolo que me cuelga”.
Es cierto que, desde hace ya treinta años, los funcionarios del Registro Civil no tenían el cometido de velar porque los nombres de las personas fueran todos cristianos. Ahora solo tenían que estar atentos a que no fueran irrespetuosos, soeces o vejatorios. Tenían que saber, por ejemplo, que en España no puedes llamar a tu hija “Mandarina” porque es nombre de fruta, pero sí puedes llamarla “Marciana”. De todas maneras, reducir a esa simpleza la labor de 4.500 funcionarios, es tanto como cerrar los ojos al lucrativo negocio que Rajoy acaba de regalar a sus colegas, los Registradores de la Propiedad.
El cambiazo ha llegado por Real Decreto. Aunque bueno, dice Gallardón que no tenemos por qué preocuparnos, que no ha privatizado el servicio, que las inscripciones seguirán siendo gratis. De momento sí, pero cuando pidamos una partida de defunción, nacimiento o matrimonio, ya veremos cuánto nos cuesta porque gratis, lo que se dice gratis, no hay nada, como acaban de recordar los Registradores de la Propiedad, que llaman la atención sobre la supuesta gratuidad que se atribuye a servicios como la sanidad o la enseñanza, que pagamos con nuestros impuestos.
Con nuestros impuestos pagábamos a los 4.500 funcionarios que se encargaban del Registro Civil. Pero esos 4.500 funcionarios, al haber eliminado el servicio, pasarán a los Juzgados. ¿Quién pagará, entonces, el coste del Registro? Pues, si el servicio lo asumen los registros mercantiles, solo se me ocurren dos cosas: que los usuarios del Registro Mercantil, es decir los que vayan a inscribir un piso, una finca, etcétera, paguen, al mismo tiempo que el servicio que solicitan, la inscripción de un matrimonio, un nacimiento o una defunción, o que las inscripciones civiles las paguen los ciudadanos a tocateja. No cabe otra. Ya puede el ministro inventarse la historia que más le convenga que lo que está claro es que los Registradores de la Propiedad no van a asumir, gratis, el coste del nuevo trabajo.
Cae por su peso que registrar por lo mercantil un nacimiento o una defunción no será gratis, pero es que, además, nadie del ministerio parece haber reparado en los problemas que esa solución plantea desde la perspectiva del Derecho de la Unión Europea. Otro argumento que avala la irracionalidad de una propuesta que el ministro trata de justificar apelando a las deficiencias del servicio.
Según Gallardón el Registro Civil funcionaba mal. Estamos de acuerdo, pero el Mercantil no funcionaba mejor, de modo que, si fusiona los dos, el resultado será que ambos funcionen fatal. No creo que los 4.500 funcionarios estuvieran a verlas venir y se dedicaran a redactar poemas como aquel que hizo Gómez de la Serna cuando estuvo de funcionario y su jefe le preguntó qué hacía: “La sección está al corriente/ y los papeles en regla. / Sólo me queda pendiente/ este bolo que me cuelga”.
Es cierto que, desde hace ya treinta años, los funcionarios del Registro Civil no tenían el cometido de velar porque los nombres de las personas fueran todos cristianos. Ahora solo tenían que estar atentos a que no fueran irrespetuosos, soeces o vejatorios. Tenían que saber, por ejemplo, que en España no puedes llamar a tu hija “Mandarina” porque es nombre de fruta, pero sí puedes llamarla “Marciana”. De todas maneras, reducir a esa simpleza la labor de 4.500 funcionarios, es tanto como cerrar los ojos al lucrativo negocio que Rajoy acaba de regalar a sus colegas, los Registradores de la Propiedad.
(Milio Mariño/ Artículo de Opinión/ Diario La Nueva España)
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