Los términos de la resolución así lo reflejan y, en previsión de posibles críticas, la Audiencia se apresuró a puntualizar que tener en cuenta la discapacidad del reclamante sería considerar una discriminación positiva no prevista en la ley. Es decir que para evitar posibles sospechas y por si alguien tenía dudas de que nuestra justicia otorga algún trato de favor, la Audiencia dejó muy claro que no entiende de privilegios. Que trata lo mismo a un inmigrante con una discapacidad del 67 por ciento que a un miembro de la casa Real.
Todos somos iguales ante la ley. Y me parece bien. En lo que ya no estoy tan de acuerdo es en la pregunta que la Audiencia eligió para comprobar si un extranjero merecer ser español. Podían haberle preguntado si conocía Los Sanfermines, Las Chirigotas de Cádiz o El Descenso del Sella, pero le preguntaron si conocía a Rajoy.
La pregunta no sé si es cosecha de Jorge Fernández Díaz, en cuyo caso es posible que le parezca normal o quizá disuasoria, pero a mí me parece impertinente y tramposa. Muy similar a lo que resultaría de colocar al inmigrante frente a una valla de siete metros coronada por un ramillete de concertinas. La dificultad y el riesgo son parecidos por qué: ¿Quién conoce a Rajoy? ¿Hay alguien que, realmente, lo conozca…? Sabemos quién es, pero conocerlo…
Insisto en este matiz porque me parece fundamental. Si consultamos el Diccionario de la Real Academia vemos que conocer es un proceso perceptivo directo propio de lo animal, mientras que saber es un proceso indirecto, apoyado en la capacidad de razonar y aprender. Por eso, contando con que es muy difícil ponerse en la piel de nadie, he llegado a la conclusión de que, como muchos de nosotros, el inmigrante discapacitado no conoce a Rajoy, pero sabe quién es. Lo sabe y ha preferido ignorarlo. Lo cual puede ser imperdonable para la Audiencia y el partido que nos gobierna pero, desde luego, no para España. España está llena de españoles que pasan de Rajoy y no por eso deberían retirarles la nacionalidad.
Otro punto a considerar es la obligación de pasar un examen. La Audiencia examina a los inmigrantes que llegan del Tercer Mundo sin un euro en el bolso, pero no hace lo mismo con los que llegan de cualquier sitio y compran una casa o invierten 500.000 euros. Esos, después de la inversión o la compra, son españoles de pleno derecho sin necesidad de pasar un examen y, por tanto, no tienen que demostrar que conocen a Rajoy.
Ya sé que, por mucho que me parezca injusta, la ley es la ley y hay que respetarla. No obstante, injusticias aparte, esta ley tiene su lógica. Una persona con dinero no importa, o importa poco, que conozca a Rajoy. Los pobres, en cambio, sí deberían conocerlo. O, por lo menos, saber quién es. En eso le doy la razón a la Audiencia. Por esa falta de conocimiento, estamos como estamos y tenemos de Presidente a una persona que miente y ha agotado todo su crédito.
Milio Mariño/Artículo de Opinión/Diario La Nueva España
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