Los ofendidos de profesión,
los que se ofenden a diario cuando no están en el poder, han vuelto a poner el
grito en el cielo por la propuesta de reforma del sistema de financiación
autonómica. Alertan sobre un agravio comparativo con Cataluña y, aunque
disimulan, su postura es la del viejo refrán: “Justicia quiero yo, pero en mi
casa no”.
El reparto que propone el
Gobierno tiene en cuenta la población real de cada territorio, ponderada por
variables como el envejecimiento o el coste de los servicios públicos básicos. Todas
las Autonomías salen beneficiadas. Para Asturias supondría que la financiación
actual se vería incrementada en más de 248 millones. Pero sospecho que cualquier
propuesta que viniera del Gobierno sería igualmente rechazada. Ahí reside el
problema, que ya fuera este reparto o el más justo jamás establecido, contaría
con las mismas críticas y el mismo rechazo.
Resolver la financiación autonómica
lleva pendiente desde 2014 y puede seguir estándolo otros doce años porque poner
de acuerdo a diecisiete Comunidades Autónomas más dos ciudades, también
autónomas, es complicado. Sobre todo si en muchas de ellas gobiernan quienes
nunca se tomaron en serio el Estado de las Autonomías y ahora están acompañados
por los que apuestan por suprimirlas si llegan a gobernar. Para todos ellos,
España es Madrid y el resto, simplemente, el extrarradio. Y ya no les cuento si
hablamos de lo que consideran territorio comanche: Cataluña y Euskadi.
Antes de la dictadura, en tiempos
de la Segunda República, solo tenían estatuto de autonomía Cataluña y Euskadi. Después,
en la transición, se recurrió al café para todos, que sirvió para la creación
del estado de las autonomías y fue una salida aceptable pero, probablemente, no
la solución. Faltaba un trecho por recorrer
y entre el rebrote patrio, la insolidaridad, el afán por destruir al adversario
y el odio ideológico, en vez de avanzar, hemos ido a peor.
Como era de esperar, el PP ha
sido quien más ha levantado la voz calificando la propuesta de insolidaria y
colocando al Gobierno y a Cataluña en el centro de la diana. Ahí los sitúan sin
entrar a valorar los criterios de reparto ni, menos aún, el intento de limitar el
dumping fiscal que practican los territorios que hacen rebajas fiscales para
tener ventaja sobre el resto. Primero presumen de bajar los impuestos y luego piden
al Estado que se lo compense.
Hasta el momento solo hay una
propuesta, la del Gobierno. Ningún partido ha presentado una alternativa a la reforma
de la financiación autonómica. El calendario para aprobar el modelo definitivo está
previsto que dure varios meses en los que, a falta de propuestas, se sucederán las
recetas demagógicas alejadas de la realidad. Más que defender lo suyo, habrá
quien se dedique a cargar contra el vecino. Siempre hay quien prefiere quedar
tuerto con tal de que el otro no vea.
A falta de otras, la
propuesta presentada debería servir para iniciar una negociación seria en la
que se impliquen todas las Comunidades. El rechazo por sistema, las
descalificaciones, el agravio comparativo o volver al eslogan España se rompe
no resuelven nada. Solo eternizan el problema.
Que cada Autonomía vaya a lo
suyo avala lo que oí decir a un escéptico cascarrabias, que el Estado español
solo tiene en común la Liga de Fútbol, el Corte Inglés y la Guardia Civil.
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Milio Mariño