Igual es una apreciación personal,
no quiero generalizar, pero tengo la impresión de que la prepotencia y la
chulería están ganando terreno y ser educados y amables supone, cada vez más,
una muestra de debilidad. Sobre todo cuando quien nos abronca confunde el
silencio prudente con que aceptamos nuestra inferioridad, cosa que sucede
bastante a menudo.
La amabilidad está en crisis. Casi siempre que
vamos al banco, al juzgado, el ayuntamiento y sitios por el estilo, nos
encontramos con alguien, altanero y soberbio, que presume de su insolencia y
nos dispensa un trato que no merecemos. No reivindico el halago, solo pido que
no me consideren imbécil ni justifiquen sus malos modos como legítima defensa. Que
no digan que están de trabajo hasta las cejas y culpen a mi impericia con las
nuevas tecnologías el delito de que les haga perder el tiempo y tengan que
resolver lo que debería haber resuelto yo si no fuera lo ignorante y torpe que
soy.
Este comportamiento, de
intimidación y desprecio, ha ido en aumento desde que la digitalización empezó
a extenderse y abarca todos los ámbitos de nuestra vida. Cada vez con más
frecuencia, nos obligan a que hagamos online lo que no habíamos hecho nunca:
desde comprar entradas para el cine hasta presentar la declaración de la renta,
pagar un recibo, una multa o cualquier trámite.
Por lo visto, a nadie le importa
si tenemos dificultades para entender cómo funciona internet, ni si estamos
conectados o disponemos de un smartphone o un ordenador y sabemos usarlo. La ley dice muy claro que cada ciudadano puede
elegir entre realizar el trámite online o en persona, lo que prefiera, y no se
le puede obligar a que lo haga por vía telemática. Solo recoge esa opción, como
posibilidad, si el interesado dispone de capacidad económica, técnica, dedicación
profesional u otros motivos que aseguren que tiene medios electrónicos y
capacidad para usarlos. Además, la Ley de procedimiento administrativo común establece
que los ciudadanos tienen derecho a ser asistidos en el uso de los medios electrónicos.
En teoría la ley nos protege, pero del dicho
al hecho hay un trecho que algunos no quieren ver. Los avances tecnológicos
deberían propiciar que nuestra vida fuera más cómoda y más sencilla. Y, en
general, así es. No se discute que
internet, para muchas cosas, sea el paraíso, pero para otras, y para algunos,
termina siendo un infierno.
Hay gente que lo está pasando mal
con los trámites a través de la red. Según el Instituto Nacional de
Estadística, seis de cada diez usuarios se quejan de lo complicado que les resulta
hacer gestiones online, pero es muy difícil argumentar este inconveniente porque
vivimos en una burbuja idealista en la que imperan los conceptos más que la realidad.
Una realidad que está ahí y lo que transmite, aunque quieran liarnos, no tiene
nada que ver con la discusión sobre si la tecnología es buena o mala, sino con
el sentido de cómo se está aplicando.
Infinidad de trámites que suponían
un coste importante para las empresas, los bancos y las diferentes instancias
del Estado, ahora los hacemos nosotros. Estamos ahorrándoles mucho dinero
porque, sin consultarnos, han acabado por endosarnos buena parte de la burocracia.
Esa es la cuestión. Prometieron que nos harían la vida más fácil y resulta que estamos
trabajando gratis para ellos y, encima, nos riñen.
