Vivir de la política

Milio Mariño

Con media España de vacaciones, algunos alcaldes recién elegidos han iniciado su mandato subiéndose el sueldo, aumentando las dietas de los concejales y repartiendo liberaciones como quien reparte caramelos. Unos un poco, otros un poco más y luego está lo de Sevilla, dónde el alcalde se ha subido el sueldo un 33%, y ha subido un 43 % el sueldo de los concejales de la oposición. Buena táctica para que la oposición vote a favor como, al parecer, sucedió.

La explicación, en este caso, fue que los sueldos estaban desfasados y había que equipararlos con los de otras ciudades de similar entidad. No digo nada. Echo en falta una regulación que establezca por ley el dinero que los Ayuntamientos pueden destinar para la retribución de los alcaldes y los concejales liberados. Y, ya de paso, para los cargos de confianza porque en asesores también se gastan un pico.

Nadie discute que los alcaldes y las alcaldesas deban cobrar un sueldo acorde con el cargo que desempeñan y que algunos Ayuntamientos necesitan tener concejales liberados. Eso se entiende y está asumido. Ahora bien, que una ciudad como Avilés, de 78.000 habitantes, tenga, además de la alcaldesa, nueve concejales liberados y diez cargos de confianza, parece excesivo. Veinte personas viviendo de la política, a cargo de un Ayuntamiento y una villa como la nuestra, son demasiadas.

Tal vez estoy desfasado, pero insisto en que sería conveniente una regulación que evitara lo que, para mí, es un exceso de cargos y también la demagogia que algunos hacen cuando trasladan a la opinión pública el sueldo de los políticos. Un argumento que suele utilizarse cuando se trata de desprestigiarlos. Es fácil azuzar la ira de unos votantes que, por lo general, tienen dificultades para estirar sus ingresos y llegar a fin de mes. Y ya no digo si juntamos este tema con el tema de los impuestos. Entonces la indignación crece y se convierte en un tópico difícil de rebatir.

Ciertamente es así, pero buena parte de la culpa la tienen los propios políticos pues, al objeto de disimular lo que cobran, adoptan unos acuerdos en los que parece que nos toman por imbéciles. Vean, si no, lo que ocurre con la indemnización por los gastos de vivienda de los diputados que viven fuera de Madrid. La citada indemnización se abona en 14 pagas mensuales. Ya me dirán qué sentido tiene abonar 14 pagas si la cantidad es para cubrir los gastos anuales de vivienda. Es más, se podría plantear, incluso, que 12 mensualidades son muchas pues el período ordinario de sesiones de las cámaras no llega siquiera a diez meses.

Cosas como esta hacen que difícilmente se entienda que los políticos exijan a la sociedad continuos ajustes en educación, sanidad, servicios sociales y, prácticamente, en todo, mientras descubrimos que hacen trampas con sus sueldos y que además siguen creciendo y multiplicándose como los hongos. No hay cifras oficiales, pero las estimaciones apuntan a que en nuestro país tenemos un cargo político por cada 115 ciudadanos. Una exageración si nos comparamos con otros países. En Italia hay uno por cada 300, en Francia uno por cada 325 y en Alemania uno por cada 800.

Lo dicho para el Ayuntamiento vale, también, para el Principado pues, además de Consejeros, Viceconsejeros y Directores Generales, la pasada legislatura, tenían 98 asesores y no parece que se planteen tener menos.

Milio Mariño / Artículo de Opinión / Diario La Nueva España