El dinero reparte justicia

Milio Mariño

Como un aviso para distraídos, de vez en cuando llevamos un palo que nos espabila devolviéndonos la sospecha de lo que no queremos aceptar porque supone caer con todo el equipo y decir adiós a nuestros principios. Es duro que nos recuerden que la democracia está tutelada por el dinero y que los derechos y libertades y hasta la propia justicia dependen de cómo le vaya en la feria al interés económico. Es duro porque conlleva la certeza de qué quien manda no es la mayoría que elige el pueblo sino la ínfima minoría con más dinero. Así es que uno llega a la desolación de que las decisiones no las toman, precisamente, los elegidos con nuestros votos. Las toman los poderosos.

La realidad es así de dura por más que la disfracemos y haya verdades ante las que preferimos cerrar los ojos. Acaba de suceder, de nuevo, con dos casos que están en el candelero. Con lo de Arabia Saudí y con la famosa sentencia de las hipotecas. En los dos casos manda el dinero.

Una prueba que avala lo que decimos es la postura del Gobierno, primero con la venta de armas a Arabia Saudí y ahora con el asesinato de Jamal Khashoggi. Margarita Robles, la ministra de Defensa que precisamente fue desautorizada después de intentar cortar la venta de armas, dijo que el Gobierno no podía permanecer impasible ante una violación de los derechos humanos. Pero el Gobierno se ha tentado la ropa y aunque dice estar consternado por la muerte del periodista saudí, ha evitado sumarse a la línea más crítica y mantiene la venta de armas. Están en juego 6.000 puestos de trabajo en la bahía de Cádiz y si tiene que elegir entre defender los empleos o los derechos humanos es evidente que apuesta por la economía antes que por un ideal de justicia.

Con la sentencia de las hipotecas está pasando otro tanto. El Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que son las entidades bancarias quienes deben pagar el impuesto sobre los actos jurídicos documentados en la firma de una hipoteca. Seguro que, en aplicación de la ley, era lo que procedía. Pero, tras conocerse el fallo, los bancos llegaron a perder, en capitalización bursátil, cerca de 5.500 millones de euros en una sola jornada. Y al Supremo le temblaron las piernas. Dos días después publicó una nota en la que decía que habida cuenta de la enorme repercusión económica y social, convocaba un pleno para confirmar, o anular, la citada sentencia. Lo de la repercusión social debe tratarse de una broma. Socialmente, la sentencia es positiva pues ocho millones de personas ya se estaban frotando las manos pensando en que iban a cobrar en torno a mil euros por cabeza. De modo que lo que hizo temblar al Supremo no fue el clamor de la gente ante una sentencia injusta, fue la repercusión económica. Fueron las pérdidas de los bancos las que hicieron que sus señorías cambiaran de criterio.

Dirán que no es nuevo, que estos dos casos vienen a corroborar lo que, tal vez, ya sabíamos. Que, a pesar de la democracia, el verdadero poder no lo tiene el pueblo, lo tiene el dinero. Cierto que lo sabíamos o, al menos, lo sospechábamos, pero no me digan que no fastidia, hasta el punto de cabrearnos, que nos lo recuerden con tanto descaro.

Milio Mariño / Artículo de Opinión / Diario La Nueva España